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Elementos de una correcta Política Criminal Estatal y las instituciones que generan estas políticas criminales

Una Política Criminal en un Estado debe fundamentalmente contener elementos que la hacen efectiva, para ello se comentan los siguientes conceptos o subtemas, mediante los cuales se puede ampliar el tema:

Medidas de prevención ante el delito:

Lo común al hablar de criminalidad es, pensar en combatir el delito y al delincuente mediante arrestos, represión y medidas de impacto que ataquen el problema, sin embargo, en una sociedad de derecho, en donde el Estado debe garantizar el respeto para todas las personas y sus garantías, es importante abordar el tema de la prevención, no es necesario esperar a que una problemática llegue a una sociedad o esperar a que empeore para tomar acciones, lo que resulta aún más efectivo es generar programas de prevención social, en donde el Estado prepare a la sociedad para evitar que llegue una determinada problemática delincuencial.

Existen muchas formas en las que un Estado, a través de sus instituciones, puede contribuir en una comunidad para evitar que la delincuencia tome sus hogares. Mediante programas preventivos encabezados por las principales fuerzas policiales, se puede generar un doble efecto en la comunidad, al educar y sensibilizar a la población mientras que al mismo tiempo se genera un entorno seguro por la simple presencia constante en esa comunidad.

Otra forma y no menos importante, en la que se puede contribuir mediante la prevención a una sociedad de bien, es apoyando a la población que cometió un determinado delito y que desea cambiar para ser un ciudadano de bien. Actualmente existen programas como los que mantienen instituciones como el Poder Judicial, llamados, por ejemplo, Justicia Restaurativa, mediante el cual se busca brindarle una segunda oportunidad a las personas que son condenadas por algún delito para que, mediante la guía y asesoramiento de profesionales, logren reinsertarse poco a poco en la sociedad acompañados por ejemplo de oportunidades de estudio y laborales inclusive.

A modo de conclusión en el área de la prevención, es importante acotar una perspectiva profesional de este elemento en donde se indica que: “una prevención que pretenda verdaderamente evitar la criminalidad antedelictum, tiene que ser necesariamente etiológica, es decir, preguntarse por las causas, la génesis del fenómeno criminal” (Zúñiga, L. 2009, p. 19).

Garantía de los derechos humanos:

Un modelo de Estado democrático de derecho, debe ser garante de los derechos no sólo de las personas de bien, sino, de aquellas que por diferentes motivos cometen delitos. Esto no significa que, porque una persona comete un delito, pierde automáticamente sus derechos y no debe ser tratado igual que el resto de las personas, aunque es bien sabido que deberán asumir consecuencias por sus actos y que deberán responder ante la justicia, estas personas merecen aspirar a la libertad, ser tratados con dignidad y garantizar tratos igualitarios dentro de la proporcionalidad según sus actos o lo que dicte la justicia.

Por otra parte, los ciudadanos de un Estado merecen también por su parte, que se les garantice por parte del Gobierno, sus derechos fundamentales como la seguridad, la salud y la sana convivencia, siendo así importante mantener dentro de una correcta Política Criminal, la garantía de los derechos humanos.

Equipos interdisciplinarios y sistematización:

La Política Criminal, para que sea efectiva en un Estado de derecho, debe contemplar a un equipo interdisciplinario que tenga conocimientos en áreas como la criminología, el derecho penal, sociología, psicología e inclusive lo laboral. Con ello, se puede garantizar que la criminalidad será atacada desde todos los puntos posibles, incluyendo lo que se debe hacer antes, de manera preventiva, lo que se hace durante la problemática y lo que se debe hacer cuando ya pasó el evento y se busca una oportunidad de mejora, a fin de evitar nueva criminalidad.

La sistematización se vuelve tema de importancia como elemento para una adecuada política criminal, ya que, al generar medidas conjuntas con todas las áreas de acción, se vuelve más eficaz la labor que se desea realizar, permitiendo criterios de evaluación periódicos que buscarán oportunidades de mejora y así habrá una mejor comunicación entre todas las instituciones que participan, lo que genera mejores resultados.

Racionalidad, proporción y principios rectores:

Todas las medidas que se implementen en una Política Criminal deben ser basadas en la eficacia, la humanidad, legalidad, resocialización y deben ser proporcionales y racionales, así se garantiza una correcta aplicación de la misma. El Estado debe garantizar que bajo ningún motivo se violenten los derechos de las personas que buscan una sana convivencia social, por lo que mediante la implementación de medidas que sean racionales y proporcionales, se tutela este punto que suma importancia a los elementos que conforman una política criminal de derecho.

Correlación con la Política General y evaluación constante:

Es bien sabido que la Política Criminal se puede ver como una rama especializada de la Política General, lo que evidencia que no se debe dejar de lado el vínculo que existe con el resto de las áreas de acción de una política general como la educación, salud, empleo, entre otras que van a ser de importancia para lograr el fin común que es el bienestar de la población de un Estado de Derecho. Las estrategias que se implementen en una Política Criminal deben ser medidas en el tiempo para lograr determinar su eficacia real y a su vez obtener pros y contras que permitan cambios positivos para garantizar el bien de un Estado y su población.

Instituciones que generan políticas criminales en el país y su campo de acción:

En Costa Rica, se tiene una amplia cartera de instituciones que participan directa o indirectamente de las políticas criminales, permitiendo así que mediante cada una de ellas avocadas a su rama, sea preventiva o represiva, generen un equilibrio que favorezca a la correcta política criminal de un Estado de derecho como lo es Costa Rica.

Empezando por las instituciones pertenecientes al Poder Ejecutivo, se tiene a la presidencia del Estado, el cual va a ser el ente principal en la formulación, diseño e implementación de políticas públicas criminales, prevención y reinserción social. Un Gobierno tiene la responsabilidad principal, pero compartida en cuanto a la garantía de los derechos humanos de todas las personas, háblese de personas de bien y personas que cometieron un delito, por lo que deben ser responsables ante la democracia que los eligió.

Dentro de las instituciones del Poder Ejecutivo, se tiene al Ministerio de Justicia y Paz, una institución vital en cuanto a una correcta Política Criminal, ya que esta institución es la que se encarga de la administración de los centros penales del país, debe ser garante de los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios y generar políticas en pro de la justicia y seguridad ciudadana. A continuación, se muestra una noticia reciente en Costa Rica, en donde el protagonista es el Ministerio de Justicia y Paz, como parte de las políticas criminales que buscan el aseguramiento de los derechos de los reclusos, generan una alianza con países vecinos para el desarrollo de un proyecto que beneficiará a miles de reclusos e indirectamente generará mayor sentimiento de seguridad en la sociedad.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c4g2pmvk2vlo

(El País Costa Rica, 2025).

Como se puede apreciar anteriormente, Costa Rica, a través de su actual Gobierno, enfocado en el tema de la seguridad ciudadana, busca alianzas con El Salvador, quien le facilita ayuda técnica que le permitiría ahorrar millones en costos para aspirar a tener una cárcel moderna que no sólo genera sentimientos de seguridad, sino que fomenta el bienestar y el respeto de los derechos de reclusos que deben estar en instalaciones que cumplan con requerimientos aptos para su permanencia. Se permite observar una relación de la política criminal influyendo en la política general social, ya que al buscar este tipo de alianzas internacionales y al ahorrar dinero del Estado, se está generando beneficio económico, característico de una correcta política general de un Estado de derecho.

Continuando con las instituciones responsables en Costa Rica de la generación de políticas criminales, se tiene dentro del Poder Legislativo a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la cual tiene una primordial misión que se basa en la creación y reforma de leyes penales, sustantivas y procesales que tengan como fin mejorar la seguridad del país, brindando no sólo herramientas para los cuerpos policiales que les ayuden en la lucha contra la criminalidad, sino también, generando leyes y reformas que endurezcan las consecuencias por cometer delitos, permitiendo un efecto preventivo y todo lo anterior garantizando también el respeto a los derechos humanos.

(El Observador, 2019).
El Ministerio de Seguridad Pública, juega un papel importante en cuanto a la prevención del delito, ya que, mediante sus políticas y estrategias de seguridad ciudadana, se encargan de estar presentes en el día a día cuidando a la sociedad en general, generan ese sentimiento de seguridad y a través de sus programas preventivos, también aportan a las comunidades herramientas que permitan la educación a la población infantil, adolescente e incluso adulta, para que no caigan en la criminalidad.

Las Municipalidades de Costa Rica a través de sus cuerpos de Policía Municipal son un excelente ejemplo de cómo se puede contribuir interinstitucionalmente en las nuevas políticas criminales de un Estado, estos cuerpos policiales generan un gran e importante apoyo al país a través de su función de seguridad ciudadana y gracias a los importantes programas preventivos que desarrollan en sus cantones, que sumados todos, aportan a un Estado más seguro.

Dentro del Poder Judicial se puede mencionar la importante acción de los jueces que velan por la correcta aplicación del derecho penal y el control constitucional, además, la fiscalía general del Ministerio Público, coopera con la persecución penal y el desarrollo de políticas de investigación y acción penal que contribuyen al bienestar de la sociedad.

Concluyendo con las instituciones participantes de una política criminal, se hace importante destacar el aporte de Universidades del Estado que generan investigación científica sobre este fenómeno de la criminalidad y cómo va cambiando la política criminal de un país, incluso realizando recomendaciones sobre las rutas que se deben ir contemplando para mantener el Estado Garante de los derechos y la seguridad.

 Referencias Bibliográficas:

Amerise, A. (2025). Por qué Costa Rica construirá una nueva cárcel de máxima seguridad inspirada en la megaprisión de Bukele en El Salvador. BBC News Mundo. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/articles/c4g2pmvk2vlo

El Observador. (2019). Vigilancia comunitaria y patrullaje urbano en un centro comercial. [Imagen]. El Observador. https://observador.cr/wp-content/uploads/2019/12/281219_Seguridad_Comunidad_Comercios_1.jpg

El País Costa Rica. (2025). Costa Rica estudia aplicación del modelo de El Salvador para combatir la criminalidad. [Imagen] El País Costa Rica. https://www.elpais.cr/2025/04/04/costa-rica-estudia-aplicacion-del-modelo-de-el-salvador-para-combatir-la-criminalidad/

Zúñiga, L. (2009). Nociones de política criminal. Solo Soluciones, S.L. Recuperado de https://aprende.uned.ac.cr/pluginfile.php/1874978/mod_folder/content/0/Nociones%20de%20Politica%20Criminal.pdf?forcedownload=1

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